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Los gremios estatales de Córdoba y diversas agrupaciones de aportantes a la Caja de Jubilaciones acordaron la presentación de un amparo colectivo contra la Ley de Equidad Jubilatoria. La decisión se tomó de forma unánime durante una reunión técnica realizada este jueves. Las organizaciones confirmaron que formalizarán la presentación judicial el próximo viernes 20 de febrero. Ese mismo día, los sindicatos realizarán una movilización masiva hacia el edificio de Tribunales I en la capital provincial para respaldar la medida legal.
El planteo judicial atacará los puntos centrales de la normativa que regula el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Los representantes gremiales sostienen que la ley vulnera derechos adquiridos de trabajadores activos y pasivos. El cuestionamiento principal se enfoca en el endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio previsional. Los gremios argumentan que estas modificaciones reducen de forma directa el poder adquisitivo de los futuros jubilados provinciales y violan la movilidad establecida.
Los artículos cuestionados y el recorte en los haberes
La presentación judicial detalla artículos específicos de la Ley 10.694 que los gremios consideran inconstitucionales. El foco principal está puesto en el Artículo 46, que modifica el cálculo del haber inicial. La norma establece que el promedio se realice sobre las últimas 120 remuneraciones (10 años), en lugar de los 48 meses previos. Según los equipos técnicos sindicales, este cambio genera una quita de entre el 10 % y el 15 % en la jubilación inicial. Asimismo, impugnan el Artículo 51, que aplica un diferimiento de hasta 60 días para que los pasivos perciban los aumentos otorgados a los activos.
Otro punto de conflicto es el Artículo 58, referido al llamado «Aporte Solidario». Los sindicatos exigen la anulación del descuento del 20 % que se aplica a quienes perciben más de un beneficio o cuentan con otros ingresos declarados. Los asesores legales califican esta medida como una doble imposición ilegal que afecta el carácter sustitutivo del salario. En la misma línea, cuestionan el Artículo 35, el cual redujo el porcentaje de las pensiones al 70 % del haber original, recortando los beneficios para los derechohabientes.
Movilización hacia Tribunales I y estado de alerta
La presentación se radicará ante la Justicia provincial en el Palacio de Justicia de Córdoba. Las organizaciones informaron que la concentración comenzará en horas de la mañana frente a la sede judicial. El objetivo de la marcha es visibilizar el rechazo social a esta reforma previsional. Los sindicatos buscan que la Justicia frene la aplicación de los artículos que consideran regresivos. El amparo colectivo pretende suspender los efectos de la ley mientras se resuelve la validez jurídica de fondo sobre los reclamos presentados.
Las autoridades provinciales defienden la ley bajo el argumento de la sustentabilidad financiera del sistema. No obstante, los trabajadores rechazan que el ajuste recaiga sobre los haberes de los beneficiarios. Los organizadores confirmaron que en los próximos días difundirán los detalles logísticos de la marcha del 20 de febrero. La movilización contará con delegaciones del interior provincial que viajarán a la capital. Los gremios mantendrán el estado de alerta permanente y no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen una respuesta favorable.
