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La Asamblea de Vecinos de Villa Allende y el Consejo Municipal de Ambiente (CMA) denunciaron este miércoles 25 de febrero de 2026 un nuevo avance de desmonte dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Supaj Ñuñu. El foco del conflicto se localiza en la jurisdicción de Villa Allende, específicamente en los sectores colindantes a la explotación de la cantera El Gran Ombú. Los integrantes del CMA detectaron el uso de maquinaria pesada para la remoción de suelo y vegetación nativa en áreas que la Ley Provincial 9.814 categoriza como «Zona Roja». Esta clasificación prohíbe cualquier modificación del uso del suelo debido al alto valor de conservación del bosque y su función vital en la regulación de la cuenca hídrica regional.
La denuncia tomó fuerza tras la presentación de registros fotográficos ante el Concejo Deliberante de Villa Allende, que muestran la apertura de nuevos frentes de trabajo sobre la ladera de las sierras. Según los datos del portal oficial de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR), la reserva Supaj Ñuñu abarca aproximadamente 330 hectáreas de dominio municipal. Sin embargo, los voceros de la Asamblea de Vecinos sostienen que los límites de explotación aprobados para la cantera se superponen con áreas protegidas. Los ambientalistas alertan que la empresa busca avanzar con su proyecto de expansión territorial hacia el sector noroeste, lo que implicaría la destrucción irreversible de ejemplares de algarrobos y molles centenarios.
Vacío legal y falta de reglamentación del plan de manejo
A pesar de que la reserva nació mediante la Ordenanza 02/02 de Villa Allende hace más de dos décadas, el municipio aún no reglamentó su plan de manejo integral. Este vacío administrativo dificulta la aplicación de sanciones específicas por parte de la Dirección de Ambiente y permite que las empresas mineras operen en una «zona gris» regulatoria. Durante el último año, los representantes del Consejo Municipal de Ambiente elevaron múltiples pedidos de informes sobre el estado de las poligonales de explotación minera, pero la falta de demarcación física en el territorio facilita el avance de las máquinas sobre el bosque. La Asamblea de Vecinos denuncia que las inspecciones de campo actuales resultan insuficientes para frenar los movimientos de suelo ilegales.
El conflicto por la reserva Supaj Ñuñu trasciende los límites de Villa Allende, ya que el desmonte en las zonas altas afecta directamente la capacidad de absorción de la tierra en toda la zona de Sierras Chicas. La pérdida de cobertura vegetal aumenta la velocidad de la escorrentía hacia la cuenca del arroyo Saldán, lo que eleva el riesgo de inundaciones en los barrios bajos de localidades vecinas como Unquillo y Mendiolaza. Las organizaciones ambientales presentaron una nota formal ante la Policía Ambiental de la Provincia exigiendo la clausura preventiva de los nuevos caminos abiertos por la cantera. Argumentan que el avance minero no solo destruye la biodiversidad, sino que también afecta sitios de alto valor arqueológico que la ordenanza de creación de la reserva buscaba proteger expresamente.
Ante la falta de respuestas contundentes por parte del intendente Pablo Cornet, los vecinos iniciaron un relevamiento propio mediante el uso de drones para documentar la magnitud del daño ambiental. La Asamblea exige la conformación inmediata de una mesa de gestión participativa que incluya a técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para delimitar las áreas de exclusión minera de forma definitiva. El estado de alerta se mantiene firme en la comunidad, con el compromiso de llevar el reclamo a cada sesión del Concejo Deliberante hasta lograr que se respete la integridad de la reserva y se detenga el avance de la frontera extractiva sobre los últimos remanentes de bosque nativo.
