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El parlamento venezolano decidió este jueves suspender y postergar por una semana el segundo debate y la votación final de la ley de amnistía destinada a presos políticos, tras fuertes diferencias internas entre legisladores y entre oficialismo y oposición sobre el alcance de la medida. La sesión fue interrumpida tras surgir discrepancias en torno a un artículo clave del proyecto, lo que impidió avanzar hacia su aprobación definitiva.
La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y debatida en la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, busca otorgar amnistía general por delitos o conductas vinculadas con la confrontación política desde 1999, incluyendo lo ocurrido tras las controvertidas elecciones de 2024. Sin embargo, las objeciones de un sector de legisladores giraron en torno a la exigencia de que quienes sean beneficiarios se presenten ante la justicia para acogerse al beneficio, lo que generó rechazo en filas opositoras y tensó las negociaciones.
Según la normativa en discusión, la ley consta de varios artículos que requieren una segunda ronda de debate para su sanción definitiva. Varios parlamentarios oficialistas expresaron desacuerdo con los términos del artículo 7 del proyecto, que establece la obligación de los procesados y condenados a ponerse a derecho ante tribunales para acceder a la amnistía. Ese punto fue central en la paralización de la votación y en la decisión de postergar la sesión hasta la próxima semana.
Presión social y contexto político
La discusión de la ley se produce en medio de creciente presión social y movilizaciones en Caracas, donde estudiantes universitarios, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para exigir la liberación de todos los presos considerados políticos por organizaciones como Foro Penal. Estas agrupaciones estiman que todavía hay más de 600 personas detenidas por motivos políticos, aunque el gobierno ha liberado un número significativo en las últimas semanas.
La postergación de hoy sorprendió tanto a sectores políticos como a la ciudadanía, ya que el proyecto había obtenido luz verde en una primera instancia la semana pasada y se esperaba que esta segunda discusión permitiera avanzar hacia su aprobación final. La decisión de aplazar el debate por diferencias en torno a la aplicación y los requisitos de la ley generó críticas desde distintos frentes, tanto de opositores que consideran limitante el artículo que obliga la presentación ante la justicia, como de defensores de derechos humanos que demandan un alcance más amplio y efectivo de la amnistía.
En el contexto de este debate legislativo, continúan las marchas y protestas públicas, con miles de personas reclamando la liberación completa de los detenidos, mientras sectores de la oposición advierten que los términos actuales de la ley podrían dejar fuera a exiliados o a quienes no puedan presentarse ante tribunales. La próxima semana será clave para ver si las bancadas alcanzan consenso sobre los puntos en discusión y permiten que la ley de amnistía avance hacia su aprobación definitiva.
