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La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ratificó que se sumará a las medidas de fuerza nacionales que defina el Congreso de CTERA este jueves 19 de febrero. El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, confirmó la postura durante una recorrida oficial por la ciudad de Río Cuarto. La decisión de la central nacional responde a la falta de convocatoria del Gobierno de Javier Milei para discutir la paritaria docente y el salario mínimo del sector a nivel país.
El plan de acción que analiza CTERA contempla un paro nacional para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026. Al ser UEPC una entidad de base de la confederación nacional, el acatamiento en las escuelas públicas de la provincia de Córdoba será total si se aprueba la huelga. Los docentes denuncian un congelamiento salarial de facto y el desfinanciamiento de programas educativos básicos por parte de la administración central.
En el plano local, la UEPC ya mantiene abierta la negociación con la Secretaría General de la Gobernación. Los representantes gremiales llevaron a la mesa paritaria un pliego de condiciones que exige, como punto central, la aplicación de la cláusula gatillo por IPC para evitar que los haberes queden por debajo de la inflación. Además, solicitan el blanqueo de sumas no remunerativas y la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) con fondos provinciales y actualización periódica.
La implementación de la cláusula gatillo por IPC funciona como un mecanismo de ajuste automático que actualiza los salarios en la misma proporción que el Índice de Precios al Consumidor, garantizando que el sueldo no pierda poder de compra frente a la escalada inflacionaria. Junto a esto, el blanqueo de las sumas no remunerativas busca que todos los adicionales que el docente percibe «en negro» se incorporen al sueldo básico, lo que impacta positivamente en el cálculo del aguinaldo y en los haberes de los jubilados. Finalmente, ante la quita de recursos nacionales, los gremios exigen que el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) sea absorbido definitivamente por el presupuesto provincial y se actualice periódicamente, para evitar que una parte sustancial del ingreso quede congelada mientras el resto de los costos de vida suben.
Demandas provinciales y el conflicto con la Apross
Más allá de lo salarial, el gremio docente cordobés endureció sus reclamos estructurales contra la gestión de Martín Llaryora. El pliego incluye la eliminación inmediata del Fosaec, el aporte extraordinario que los afiliados deben pagar a la obra social Apross. También exigen la derogación de la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria, que impacta directamente en los haberes de los pasivos del sector, y la eliminación del cuestionado ítem de «Profesionalidad Docente».
La tensión entre las partes se mantiene ante los masivos descuentos aplicados por el Banco de Córdoba a miles de trabajadores, situación para la cual la conducción de UEPC exige una solución administrativa urgente. Fuentes del Panal dejaron trascender que la Provincia citaría nuevamente a la cúpula sindical entre el cierre de esta semana y el inicio de la próxima. En ese encuentro, el Ejecutivo presentaría la primera propuesta económica formal para el trimestre.
El escenario para el comienzo de las clases el 2 de marzo es de alta incertidumbre. Si bien la negociación provincial sigue su curso, el conflicto nacional por la falta de paritaria federal condiciona el clima en las escuelas cordobesas. Cristalli remarcó que, sin una recomposición real del poder adquisitivo y sin respuestas a los reclamos sobre la caja de jubilaciones, el inicio del ciclo lectivo corre serio riesgo de postergarse por medidas de fuerza gremiales.
