| La Justicia suspende la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana dispuesta por el Gobierno

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El FISU, creado en 2019, financiaba obras en barrios vulnerables con recursos del Impuesto PAIS y del aporte a las grandes fortunas.
El FISU, creado en 2019, financiaba obras en barrios vulnerables con recursos del Impuesto PAIS y del aporte a las grandes fortunas.

El 23 de mayo, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar que suspende la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dispuesta por el Decreto Nº 312/2025 del Gobierno nacional. La acción fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de vecinos de barrios populares. El fallo ordena al Estado nacional abstenerse de liquidar el patrimonio del FISU y de utilizar sus recursos para fines distintos a los establecidos originalmente.

Detalles del fallo judicial

El juez federal Andrés Heim suspendió los efectos de los artículos 1, 4, 5 y 8 del Decreto Nº 312/2025, que disponían la disolución del FISU y la transferencia de sus fondos al Tesoro Nacional. Además, impuso al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, una multa diaria de $200.000 por cada día de demora en la presentación de un plan de urbanización de barrios populares. El magistrado también ordenó al Estado informar, en un plazo de tres días, el saldo existente en las cuentas bancarias del FISU, las inversiones y la composición de sus recursos según su fuente de financiamiento.

El FISU fue creado en diciembre de 2019 mediante el Decreto Nº 819/2019, con el objetivo de financiar proyectos de integración socio urbana en barrios registrados en el RENABAP. Se financiaba principalmente con el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS y con aportes extraordinarios a las grandes fortunas. En febrero de 2024, el Gobierno redujo al 0,3% la asignación de fondos del Impuesto PAIS al FISU, y posteriormente eliminó dicho impuesto.

El Decreto Nº 312/2025, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos, justificaba la disolución del FISU alegando irregularidades en su administración, como contrataciones sin procesos adecuados y demoras en la ejecución de obras. Sin embargo, la Justicia consideró que la eliminación del fondo podría vulnerar derechos fundamentales de los habitantes de barrios populares.

El fallo también ordena al Estado presentar, en un plazo de tres meses, un plan de acción para continuar con la política de integración socio urbana en los barrios populares registrados en el RENABAP. El Gobierno tiene la opción de apelar la medida ante la Cámara Federal de La Plata

Este revés judicial se suma a otras medidas cautelares que han frenado decisiones del Gobierno nacional en materia de políticas sociales y de infraestructura. La continuidad del FISU y la ejecución de obras en barrios populares dependerán de las acciones que adopte el Ejecutivo en respuesta a esta resolución judicial.

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