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Tras el fallido encuentro con los mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la plana mayor del Gobierno nacional se congregó este miércoles en el despacho del vocero presidencial, Manuel Adorni. El objetivo fue claro: ratificar el rumbo de la Reforma Laboral y confirmar que, por el momento, el proyecto no sufrirá modificaciones estructurales pese a la resistencia de los jefes territoriales.
Del encuentro participaron los principales operadores de la Mesa Política —incluyendo a Karina Milei y Santiago Caputo—, quienes analizaron el trasfondo de las negociaciones y el impacto del «traspié» de los gobernadores. Gracias a gestiones de último momento del Ministerio del Interior, se logró desarticular la cumbre opositora, dejando al Ejecutivo con el control de la agenda legislativa. Según fuentes oficiales, el Gobierno considera que el texto actual ya contempla el equilibrio necesario para reactivar el empleo formal.
Los puntos de conflicto innegociables
La revisión de los capítulos de la legislación continúa bajo un clima de tensión. Los ejes que mantienen la negociación trabada con las provincias, pero en los que el Gobierno decidió no ceder, incluyen:
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Fondo de cese laboral: El modelo inspirado en la UOCRA que los gobernadores pedían flexibilizar según la región. El Ejecutivo ratificó el esquema único nacional.
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Multas por falta de registro: Un eje que el Gobierno se niega a negociar para reducir la litigiosidad y la «industria del juicio».
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Periodo de prueba: La extensión de los plazos sigue siendo una línea roja para los sectores legislativos aliados, pero el oficialismo decidió mantener la versión original del proyecto.
¿Cómo sigue la agenda?
Pese a la falta de fotos conjuntas con los gobernadores, la estrategia de la Mesa Política es enviar el proyecto al Congreso buscando acuerdos directos con los bloques legislativos, puenteando la influencia de los mandatarios provinciales.
El Gobierno apuesta a que la necesidad de reformas económicas acelere el tratamiento parlamentario. Con la sesión prevista para el próximo miércoles 11 de febrero, el oficialismo confía en que la desarticulación del frente de gobernadores debilitará la resistencia en el Senado, permitiendo una aprobación sin cambios significativos.
