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El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, recibió este miércoles a representantes de los gremios estatales para abordar las denuncias por «descuentos abusivos» en las cuentas sueldo del Banco de Córdoba (Bancor). Durante el encuentro en el Centro Cívico, la Provincia se comprometió a interceder formalmente ante las autoridades de la entidad financiera para revisar la aplicación unilateral de débitos sobre los haberes. Los sindicatos señalaron que miles de trabajadores públicos sufrieron recortes drásticos que afectan el carácter alimentario de sus salarios, con retenciones que en algunos casos alcanzaron el 90% del ingreso mensual.
La comitiva gremial, encabezada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), denunció que el banco ejecutó débitos automáticos vinculados a tarjetas de crédito y préstamos sin respetar los topes legales. Los dirigentes explicaron que la entidad dio marcha atrás con una flexibilización previa en el sistema de cobro, lo que derivó en la confiscación de haberes bajo leyendas como «DEUDA BPC» o «DEUDA CBSA». Consalvi aseguró que el Ejecutivo solicitará una audiencia técnica con el directorio de Bancor para frenar estas prácticas y gestionar la restitución de fondos a los agentes afectados que quedaron con saldos mínimos para afrontar el mes.
Para formalizar el reclamo y gestionar el reintegro de los montos confiscados, los trabajadores estatales deben descargar el comprobante de haberes y el resumen de movimientos bancarios desde la plataforma de home banking. Los expertos legales y delegados gremiales recomiendan realizar la denuncia formal ante el Defensor del Pueblo o la Dirección de Defensa del Consumidor para documentar la vulneración del carácter alimentario del salario. Asimismo, los sindicatos instan a los damnificados a sumarse a las presentaciones colectivas mediante sus respectivas reparticiones para unificar la exigencia de devolución inmediata de los saldos retenidos.
Mesa de diálogo y plazos de respuesta
El compromiso oficial establece la creación de una mesa de trabajo conjunta para analizar la transparencia en los resúmenes de cuenta y el cumplimiento del tope de embargos del 20%. Los gremios exigen que Bancor habilite un canal de atención preferencial para los empleados públicos con el fin de agilizar los trámites de «stop debit» y la revisión de refinanciaciones con intereses elevados. La Provincia busca desactivar el conflicto en un contexto de tensión por las negociaciones paritarias y los recientes aumentos en los aportes personales a la Caja de Jubilaciones y Apross.
Actualmente, los sindicatos permanecen en estado de alerta y movilización a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades bancarias en las próximas 48 horas. De no concretarse los reintegros, la UEPC y el SEP advirtieron que profundizarán las medidas de fuerza con asambleas en los lugares de trabajo y nuevas marchas hacia el Palacio 6 de Julio y el Centro Cívico. Mientras tanto, el Banco de Córdoba no emitió una comunicación oficial que aclare el origen técnico de los descuentos masivos que afectaron a docentes, personal de salud y administrativos de toda la provincia.
