Protesta de taxistas en Córdoba contra aplicaciones de transporte

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Protesta de taxistas en Córdoba contra aplicaciones de transporte
Taxistas cordobeses protestaron en la Terminal de Ómnibus exigiendo controles a Uber y DiDi. Denuncian falta de registro oficial y competencia desleal. Foto: CBA24n

Conductores del servicio de taxi de la ciudad de Córdoba realizaron este miércoles 25 de febrero una protesta en la explanada de la Terminal de Ómnibus (T1). La medida de fuerza comenzó a las 10:00 y afectó parcialmente la circulación sobre el bulevar Perón. Los manifestantes, nucleados en el Sindicato de Peones de Taxi y el Sindicato de Conductores de Taxis, exigieron a la Municipalidad de Córdoba que endurezca los controles sobre las plataformas digitales de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La protesta se da en un clima de malestar creciente por lo que consideran una fiscalización insuficiente de la Ordenanza 13.456, sancionada en agosto de 2025.

El eje del conflicto reside en el incumplimiento del Registro Municipal de Plataformas. Según los referentes sindicales, el sistema de transporte por aplicaciones opera con una estructura mayoritariamente informal. Miguel Arias, secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, denunció que de los miles de vehículos que prestan servicio a través de apps en la capital provincial, menos del 20% completó el proceso de inscripción obligatorio. Los taxistas sostienen que esta situación genera una competencia desigual, ya que ellos deben afrontar costos fijos de inspección técnica, seguros especiales y licencias que los conductores de aplicaciones evaden de forma sistemática.

Multas millonarias y baja tasa de inscripción oficial

La Municipalidad de Córdoba reforzó los operativos de control en las últimas semanas, pero los resultados no satisfacen al sector tradicional. Los inspectores de la Secretaría de Movilidad Urbana secuestraron más de 150 vehículos vinculados a plataformas en lo que va de febrero de 2026. Las sanciones vigentes para los choferes no registrados son severas: las multas parten desde los $2.500.000 y pueden alcanzar los $5.000.000 en caso de reincidencia. A pesar del monto de las multas, el flujo de vehículos ilegales en zonas de alta demanda como la Terminal y el Aeropuerto Taravella se mantiene constante.

Tensión en los puntos neurálgicos de transporte

La elección de la Terminal de Ómnibus como punto de protesta no fue aleatoria. Este sector es uno de los focos de mayor fricción diaria entre taxistas y conductores de aplicaciones. Los trabajadores del volante denuncian que las plataformas «captan» pasajeros en las narices de las paradas oficiales sin que la Policía Municipal de Tránsito intervenga con eficacia. Durante la asamblea de hoy, los delegados advirtieron que si la Secretaría de Movilidad no garantiza una presencia permanente de inspectores en las salidas de la Terminal, profundizarán las medidas de fuerza con cortes en los puentes de acceso al centro de la ciudad.

El panorama legislativo añade presión al conflicto. La ordenanza aprobada el año pasado buscaba formalizar el servicio, exigiendo que los autos de las apps tengan menos de diez años de antigüedad y que los choferes posean carnet profesional. Sin embargo, las empresas multinacionales han interpuesto recursos administrativos cuestionando la constitucionalidad de ciertos artículos, lo que según los gremios «frena la capacidad operativa de los inspectores». La Municipalidad, por su parte, instó a los usuarios a utilizar exclusivamente servicios habilitados para garantizar la cobertura de seguros ante posibles siniestros viales.

Hacia el final de la jornada, los representantes sindicales confirmaron que pedirán una audiencia urgente con el Secretario de Movilidad Urbana. El objetivo es establecer un cronograma de operativos conjuntos y exigir el acceso a los datos del registro digital para verificar cuántas unidades están realmente en regla. De no obtener una respuesta favorable antes del viernes, el sector evaluará un paro total de actividades con movilización hacia el Palacio 6 de Julio. La tensión en las calles de Córdoba refleja una crisis de convivencia urbana que el marco legal vigente aún no logra resolver de manera definitiva.

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