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La Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje a levantar de forma inmediata la medida de fuerza que paraliza la actividad en las principales terminales portuarias del país. La fuerza de seguridad marítima envió las notificaciones oficiales tras la interrupción total del servicio de practicaje y pilotaje. La huelga afecta de manera directa a los puertos agroexportadores y de carga general de toda la Vía Navegable Troncal.
La protesta mantiene varados al menos 140 buques mercantes en las vías navegables, en las zonas de fondeo y en los muelles operativos. Los barcos no pueden maniobrar ni realizar ingresos o egresos por los canales de acceso debido a la ausencia de los prácticos encargados de la navegación segura. Esta paralización bloquea el flujo del comercio exterior y genera severos retrasos en el transporte de mercaderías.
La autoridad marítima advirtió a los trabajadores que el incumplimiento del requerimiento oficial activará sanciones disciplinarias. La Prefectura evalúa la aplicación de sumarios administrativos, suspensiones e inhabilitaciones de las matrículas profesionales de los involucrados. Las autoridades nacionales buscan destrabar el funcionamiento de las vías navegables para restablecer la operatoria logística habitual frente a una actividad considerada servicio público esencial.
El rechazo al Decreto 690/2026 y los riesgos operativos en los ríos
La medida de fuerza comenzó en respuesta a la promulgación del Decreto Nº 690/2026 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Los profesionales del practicaje exigen que el Gobierno suspenda o derogue de forma definitiva la normativa oficial. Los trabajadores argumentan que el decreto modifica unilateralmente los esquemas de guardia, las dotaciones mínimas y los requisitos de experiencia para el guiado de embarcaciones de gran calado, comprometiendo la seguridad operacional y ambiental de los ríos Paraná y de la Plata.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la desregulación busca abaratar los costos logísticos, reducir las tarifas del sector y eliminar regulaciones que encarecen el transporte de las exportaciones. La norma introduce cambios en los criterios de fijación de honorarios y habilita esquemas de contratación directa. Los huelguistas denuncian que la medida precariza la actividad y desarticula el control estatal sobre la navegación en canales complejos.
El practicaje es un servicio técnico obligatorio prestado por capitanes altamente especializados para el guiado de buques en zonas peligrosas o de intenso tráfico. Ninguna embarcación puede desplazar su estructura por los canales sin la presencia a bordo de estos especialistas. Por este motivo, la adhesión masiva al reclamo provocó el frenazo automático de los barcos en corredores estratégicos como el Canal Emilio Mitre y el Canal Punta Indio.
Graves consecuencias económicas y amenaza sobre la cadena logística
La paralización genera un fuerte impacto económico sobre la economía nacional y los nodos exportadores del Gran Rosario. Al no poder ingresar ni despachar buques graneleros ni portacontenedores, la carga de granos, aceites e insumos industriales permanece paralizada en los puertos. Las cámaras del sector advirtieron que la interrupción del tráfico frena de manera directa el ingreso de divisas provenientes del comercio exterior.
Las empresas marítimas internacionales sufren pérdidas millonarias por los costos de estadía o demurrage, con penalidades que oscilan entre los 20.000 y 45.000 dólares diarios por cada buque detenido en rada. Ante la falta de resolución del conflicto, las navieras evalúan cancelar escalas en puertos argentinos o desviar sus cargas hacia terminales de Uruguay y Brasil. La administración central mantiene contactos permanentes con la cúpula de la Prefectura para evaluar los pasos legales a seguir si los huelguistas mantienen la interrupción del servicio.
