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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enfrenta un nuevo escándalo tras adjudicar una licitación exprés para la compra de pañales por un monto de u$s450 millones. Según se informó, los precios acordados en esta licitación serían un 20% superiores a los valores del esquema anterior, generando preocupación sobre la transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Detalles de la licitación
La licitación, realizada en tiempo récord, fue adjudicada a un grupo de proveedores sin la competencia habitual que caracteriza a estos procesos. De las cuatro empresas que se presentaron, tres no pudieron cotizar debido al escaso tiempo otorgado: el llamado a licitación se hizo el 14 de abril y la apertura de sobres fue el 25 del mismo mes, dejando solo seis días hábiles para preparar las propuestas.
Hasta ahora, el PAMI entregaba unos 17 millones de pañales y apósitos por mes a través de un convenio de distribución que incluía a fabricantes, droguerías y farmacias. Por ello, pagaba un total de $11.000 millones mensuales a 45 o 60 días. Con la reciente licitación, pagará más de $13.000 millones a una empresa de distribución y además desembolsará por adelantado un 3% del convenio, algo inusual para las condiciones que ofrece el Estado.
Calidad del producto y posibles irregularidades
Dos fuentes que siguieron de cerca la licitación pusieron la lupa sobre las especificaciones técnicas y aseguraron que los pañales que se entregarán ahora son de peor calidad que los anteriores. «En lugar de 75 gramos como estaban dando, piden 50 gramos, sacan las dobles capas de absorción y ponen cintas de pegado más chicas, todo conspira contra la calidad del pañal», detalló una de las fuentes. Otro consultado apuntó que los cambios buscan adaptar las condiciones probablemente a pañales importados, lo que, al ser más livianos, bajan el costo logístico, aunque a pesar de eso se pagarán precios más altos.
Este escándalo se suma a otras denuncias previas sobre la gestión de compras en el PAMI, lo que podría afectar la confianza de los afiliados en la institución. Se espera que en los próximos días se inicien investigaciones para determinar posibles responsabilidades y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la atención de los adultos mayores.
