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La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de detención contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros cargos vinculados con los bloqueos y protestas que afectaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio de 2026. La disposición judicial se conoció este miércoles y agrava la situación procesal del exmandatario.
La investigación sostiene que Morales habría tenido un rol en la organización e instigación de las movilizaciones que paralizaron amplias zonas de Bolivia. Las protestas provocaron cortes de rutas, desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de una fuerte afectación económica en distintas regiones del país.
Según la acusación fiscal, además del delito de terrorismo, la orden de captura incluye cargos por alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La respuesta de Morales y el contexto político
Tras conocerse la decisión judicial, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que la medida constituye un acto de persecución política. A través de sus redes sociales afirmó que no abandonará su actividad política y sostuvo que continuará junto a sus seguidores.
Las manifestaciones investigadas se desarrollaron durante 53 días y exigían la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. Durante ese período se registraron enfrentamientos y hechos de violencia que dejaron al menos 15 fallecidos, según algunos reportes, mientras que otras fuentes oficiales e internacionales elevan la cifra a 22 muertos. También hubo decenas de heridos y numerosas pérdidas económicas derivadas de los bloqueos.
Morales permanece en la región del Chapare, uno de sus principales bastiones políticos, donde mantiene el respaldo de sectores cocaleros. La nueva orden de aprehensión se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exmandatario en Bolivia, entre ellos una causa previa por presunta trata de personas, en la que también pesa una orden de detención.
La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía boliviana deberá avanzar con las actuaciones judiciales para ejecutar la orden de captura y determinar las responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos durante las protestas.
