
La Cámara de Diputados de la Nación resolvió este miércoles 4 de marzo de 2026 postergar por al menos un mes el tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Preservación de Glaciares. El oficialismo, que buscaba emitir un dictamen favorable la semana próxima, finalmente cedió ante la presión de los bloques opositores y aceptó convocar a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. Esta decisión posterga cualquier posibilidad de votación en el recinto hasta mediados de abril, obligando a una revisión técnica profunda del texto que ya cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero.
La postergación busca dar espacio a especialistas del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), organizaciones ambientales y representantes de las cámaras mineras para exponer sobre los cambios en la normativa. La oposición sostiene que el cronograma acelerado del Ejecutivo impedía evaluar correctamente el impacto de la reforma en las reservas de agua dulce del país. Con este nuevo esquema, el dictamen de comisión recién se firmaría en la semana del 7 de abril, luego de procesar los testimonios de las dos jornadas de debate público programadas.
Modificaciones técnicas y artículos en disputa
El núcleo del conflicto legislativo reside en la reforma de tres pilares fundamentales de la Ley 26.639. El proyecto de ley que se debate en las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto introduce cambios específicos en el articulado original para reducir el área de exclusión de actividades industriales:
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Modificación del Artículo 2: El texto actual protege a todos los glaciares sin distinción. La reforma propone que solo reciban protección estatal aquellos cuerpos de hielo que sean perennes, tengan una superficie igual o superior a una hectárea y presenten una función hídrica «relevante y comprobada».
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Restricción del Ambiente Periglaciar: La ley vigente prohíbe actividades en áreas de suelo congelado (permafrost). El nuevo proyecto limita esta salvaguarda exclusivamente a los «glaciares de roca» que actúen como reguladores del sistema de cuencas, dejando el resto del territorio periglaciar a merced de la autoridad minera local.
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Reforma del Artículo 6: Se busca habilitar actividades actualmente prohibidas, como la minería y la explotación de hidrocarburos, en zonas que hoy forman parte del inventario nacional pero que, bajo la nueva definición técnica, dejarían de considerarse «reservas estratégicas de agua».
La realidad de los recursos naturales argentinos ante este escenario es crítica. Al desproteger los cuerpos de hielo menores a una hectárea y los suelos congelados que no tengan flujo hídrico superficial directo, se pone en riesgo la capacidad de resiliencia de las cuencas frente a las sequías. El Gobierno nacional y la Mesa del Litio defienden estas modificaciones como una herramienta necesaria para destrabar inversiones por US$ 15.000 millones en proyectos de cobre y oro. Por el contrario, los expertos advierten que flexibilizar la protección en la alta montaña compromete la seguridad hídrica de las provincias cordilleranas para las próximas décadas.
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