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El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron el Decreto 332/2025 que disuelve la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para recabar información sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra. La medida fue publicada el martes 20 de mayo en el Boletín Oficial.
La UTI se estableció el 25 de febrero de 2025, cinco días después de que Milei promocionara $Libra en sus redes sociales. La criptomoneda, impulsada por el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, experimentó un aumento abrupto en su valor tras la promoción presidencial, seguido de una caída que dejó a miles de inversores con pérdidas significativas.
Reacciones y cuestionamientos
El Gobierno argumentó que la UTI cumplió su tarea al remitir la información recopilada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la decisión de disolver la unidad generó críticas de la oposición, que cuestiona la transparencia del proceso y la falta de resultados públicos.
La diputada nacional Julia Strada (UP) señaló que la UTI «siempre fue una pantalla» y que nunca se presentaron los resultados de su trabajo. El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) preguntó: «¿Qué esconde Milei y Cúneo Libarona?» y exigió que se ponga en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso.
La jueza María Servini, a cargo de la causa judicial, solicitó al Banco Central información sobre las cuentas bancarias de Javier y Karina Milei, así como de otros implicados. Además, ordenó la inhibición de bienes de varios sospechosos, incluyendo a los operadores cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al exasesor Sergio Morales.
La disolución de la UTI se produce en un contexto de investigaciones judiciales y legislativas en curso, tanto en Argentina como en Estados Unidos, relacionadas con el presunto fraude de $Libra. La oposición insiste en la necesidad de una investigación independiente y transparente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
