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El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó este lunes a Manuel Adorni a justificar las inconsistencias detectadas en su patrimonio y en los gastos realizados durante el período que analiza la Justicia.
El exjefe de Gabinete tendrá 15 días para presentar las explicaciones y la documentación correspondiente. El requerimiento constituye una instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria, aunque esa decisión no depende del fiscal. La definición quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.
La medida se tomó después de más de cuatro meses de investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita basó su requerimiento en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.
El análisis cruzó los ingresos y egresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con declaraciones juradas, registros de operaciones, documentación de gastos y otros elementos incorporados al expediente.
Según los datos difundidos este lunes, el fiscal detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos registrados durante el período investigado.
En concreto, la investigación estableció ingresos conjuntos por $229.752.283,20, mientras que los gastos alcanzaron al menos $272.820.832,20. La diferencia es el monto que Adorni deberá explicar ante la Justicia.
A esto se suma otro punto central del requerimiento: los gastos realizados en dólares.
Más de 400 mil dólares bajo análisis
El fiscal también le pidió explicaciones por gastos que alcanzan los US$402.578,12. Según la información publicada sobre el contenido del requerimiento, Pollicita consideró que esas erogaciones no encuentran correspondencia con los ingresos lícitos comprobados durante el período analizado.
Entre los movimientos bajo análisis aparecen viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias y gastos vinculados con propiedades.
La investigación puso especial atención en la adquisición del lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y en las posteriores obras realizadas en la vivienda. También analiza la compra de un departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, además de gastos de mobiliario y otros desembolsos.
La causa ya había incorporado documentación relacionada con las obras realizadas en la vivienda de Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró ante la fiscalía que las refacciones tuvieron un costo de US$245.000 y que Adorni habría realizado los pagos en efectivo. Posteriormente, Tabar entregó comprobantes, remitos y documentación vinculada con los trabajos. La fiscalía reconstruyó esos gastos y constató que la documentación presentada coincidía con el monto declarado por el contratista.
La pesquisa también incorporó información sobre operaciones en criptomonedas. En mayo, la Justicia había detectado movimientos por más de US$100.000 en dos billeteras virtuales vinculadas a Adorni, correspondientes a Binance y Lemon. Esos movimientos quedaron incorporados al análisis patrimonial.
En junio, además, Adorni reconoció públicamente que había mantenido fuera de sus declaraciones juradas alrededor de US$500.000, dinero que atribuyó a ahorros e inversiones vinculadas con bitcoin. Luego presentó declaraciones juradas rectificativas. La Justicia continúa analizando el origen y la trazabilidad de esos fondos.
El requerimiento de Pollicita llega después de que un informe técnico de la DAFI identificara inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario. Ese estudio había sido solicitado por el fiscal para establecer si los ingresos declarados podían explicar los gastos y movimientos registrados durante su paso por la función pública.
Ahora Adorni deberá responder cada uno de los puntos señalados por la fiscalía dentro del plazo establecido. La documentación será analizada nuevamente por los investigadores.
Si las explicaciones no resultaran suficientes para justificar las diferencias detectadas, Pollicita podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria. La decisión final sobre esa eventual convocatoria corresponderá al juez Ariel Lijo.
La investigación continúa bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito y, hasta el momento, no existe una condena contra Adorni. El requerimiento fiscal constituye una instancia dentro del proceso de investigación destinada a que el exfuncionario explique las inconsistencias patrimoniales detectadas.
