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El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó este jueves 26 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, marcando su segunda aparición judicial tras cumplir 82 días de detención en los Estados Unidos. El dirigente, capturado en Caracas el pasado 3 de enero de 2026 durante la Operación Resolución Absoluta, enfrenta un proceso complejo por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. La audiencia, realizada bajo un blindaje de seguridad inédito en Manhattan, se centró en un recurso interpuesto por sus abogados para anular la causa de forma inmediata.
La estrategia de la defensa técnica sostiene que el proceso judicial vulnera las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución estadounidense. El argumento central radica en la imposibilidad de Maduro para financiar una defensa adecuada debido a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según los letrados, el bloqueo de fondos estatales venezolanos impide el pago de honorarios profesionales, lo cual restringiría el derecho del acusado a elegir libremente a sus representantes legales.
Conflicto por el financiamiento y reserva de pruebas
El debate jurídico sumó tensión cuando trascendió que el Departamento del Tesoro revocó una licencia previa que permitía el uso de activos venezolanos para costear el juicio, calificándola como un «error administrativo». Ante este escenario, el equipo legal de Maduro advirtió que podría abandonar el caso, rechazando de plano la asignación de defensores públicos por considerar que no garantizan una representación a la altura de la complejidad del expediente.
Por su parte, la fiscalía neoyorquina solicitó formalmente al juez Alvin Hellerstein restringir el acceso a material sensible del sumario. El Ministerio Público argumenta que la filtración de datos podría poner en peligro a testigos clave y alertar a otros coimputados que aún se encuentran prófugos. La acusación vincula directamente a Maduro con una red de envío de cocaína hacia Norteamérica en presunta colaboración con el Cártel de los Soles y facciones de las FARC.
En coincidencia con la audiencia, el presidente Donald Trump se refirió al caso asegurando que, si bien Maduro tendrá un «juicio justo», las acusaciones actuales podrían ser solo una parte de sus problemas legales. El mandatario sugirió que lo que enfrenta hoy es apenas «una fracción de lo que ha hecho» y afirmó que podría enfrentar nuevos cargos en el futuro, sin descartar investigaciones por crímenes de lesa humanidad o el uso de instituciones venezolanas para el lavado de dinero de organizaciones terroristas internacionales.
El magistrado Hellerstein deberá resolver en las próximas semanas si da lugar al pedido de nulidad o si confirma la continuidad del proceso. De mantenerse el calendario judicial, el juicio oral y público podría dar inicio recién entre 2027 y 2028, dada la magnitud de las pruebas y los constantes recursos presentados por ambas partes.
