
La denuncia presentada por vecinos del barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba contra el Estado argentino por la situación ambiental vinculada a la fábrica Porta Hermanos avanzó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional asignó un número de caso al expediente, luego de la presentación realizada por organizaciones de vecinos y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
El avance se produce después de años de reclamos administrativos y judiciales relacionados con el funcionamiento de la planta de bioetanol ubicada sobre avenida Valparaíso 4850, en la zona sur de la capital cordobesa. La presentación ante la CIDH busca determinar la eventual responsabilidad del Estado argentino frente a las denuncias por afectaciones ambientales y sanitarias vinculadas con la actividad industrial.
Fundeps y Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habían llevado el reclamo al ámbito interamericano después de agotar distintas instancias dentro del país. En julio de 2025, Fundeps informó que la CIDH había comunicado que la petición se encontraba en etapa de admisibilidad y que había solicitado información al Estado argentino.
Ahora, según la información publicada este martes por La Nueva Mañana a partir de un informe de La Tinta, el expediente recibió número de caso. Este paso permite que el organismo interamericano continúe con el análisis de la presentación y de las posibles responsabilidades estatales denunciadas.
Un conflicto que comenzó con la producción de bioetanol
El conflicto entre los vecinos y Porta Hermanos se remonta a 2012, cuando comenzó la producción de bioetanol en la planta ubicada en el barrio San Antonio. Un informe socioterritorial elaborado por investigadores y publicado en el repositorio del CONICET analizó los efectos ambientales y sanitarios denunciados por habitantes de la zona desde el inicio de esa actividad.
Las organizaciones vecinales sostienen que la actividad industrial generó impactos sobre el ambiente y la salud de quienes viven en las inmediaciones. Fundeps señaló que la comunidad realizó durante años reclamos administrativos y acciones judiciales, acompañados por estudios independientes.
Uno de los principales puntos del conflicto es la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Fundeps sostiene que distintas decisiones judiciales ordenaron avanzar con ese procedimiento y cuestiona que las autoridades ambientales provinciales no hayan exigido su realización.
La organización pidió ante la CIDH medidas destinadas a detener la contaminación denunciada, evaluar una eventual relocalización de la planta fuera del ejido urbano, determinar y sanear el pasivo ambiental, garantizar asistencia médica y psicológica a las personas afectadas y crear un fondo de desarrollo comunitario a cargo de la empresa.
La posición de Fundeps
La abogada de Fundeps Amanda Lavayén consideró que la asignación del número de caso representa un avance significativo. Según declaró a La Nueva Mañana, el expediente coloca al Estado nacional y al Estado provincial bajo la observación de un organismo internacional en relación con los derechos a la salud, a un ambiente sano y a una vida digna.
Lavayén también cuestionó la falta de avances en la Evaluación de Impacto Ambiental y sostuvo que el paso dado por la CIDH puede generar una nueva instancia para discutir la situación de la planta.
La denuncia no implica, por sí misma, una resolución definitiva sobre la responsabilidad del Estado argentino ni sobre las acusaciones ambientales planteadas contra la empresa. El procedimiento interamericano continúa y deberá avanzar sobre la admisibilidad y el fondo de los planteos presentados.
El caso llegó a la CIDH después de un extenso recorrido judicial en Argentina. Fundeps había informado en 2025 que la petición internacional se presentó junto con VUDAS en abril de 2024 y que la organización buscaba que la CIDH analizara la eventual responsabilidad del Estado por la situación denunciada en el barrio San Antonio.
Con la asignación del número de caso, el reclamo ingresa en una nueva instancia del sistema interamericano de derechos humanos mientras continúa el conflicto en torno al funcionamiento de la planta y a las medidas ambientales que reclaman los vecinos.
LA AZOTEA RADIO ONLINE SITIO OFICIAL!