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El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 70/2025, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Esta decisión forma parte de una reestructuración estatal que busca reducir la intervención del Estado en políticas habitacionales. Las funciones de la disuelta secretaría serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas.
La medida implica la eliminación de programas como el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Este programa había sido cuestionado por demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad.
Además, se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, utilizado con fines políticos y clientelísticos, evidenciando irregularidades e incumplimientos. El Gobierno también avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Transferencia de funciones y disolución de programas
La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura fueron transferidas a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. El proceso de cierre de la secretaría se realizará de manera ordenada y progresiva, con una Unidad Ejecutora Especial Temporaria encargada de la transición.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la solución al problema habitacional no es construir viviendas en lugares disfuncionales. Destacó la importancia de una macroeconomía ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda.
Impacto en proyectos en curso y personal
Se estima que alrededor de 500 trabajadores podrían verse afectados por esta reestructuración. En cuanto a los proyectos de vivienda en ejecución, se ha informado que las provincias podrán optar por finalizar las obras con recursos propios, ya que el Gobierno Nacional no continuará con ninguno de ellos.
La disolución de la Secretaría de Vivienda y la eliminación de programas como el Procrear marcan un cambio significativo en la política habitacional del país, trasladando la responsabilidad de la gestión de viviendas a los gobiernos provinciales y municipales, así como al sector privado.
