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La abogada cordobesa Marta Lastra presentó una denuncia formal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, en la provincia de Buenos Aires, por el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación tiene como objetivo principal promover la ejecución de una sentencia judicial firme que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación.
Lastra, que además forma parte de la Fundación Familias CEA y actúa en el amparo colectivo que dio lugar a la sentencia, detalló en su escrito que la actuación del Gobierno de Javier Milei “tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, instituciones y transportistas y ONG y federaciones de ONG”.
La denuncia fue ingresada ante el juez federal Adrián González Charvay, quien en diciembre pasado ya había ordenado la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad tras declarar inconstitucional el artículo del decreto que había suspendido su vigencia. Esa sentencia dejó sin efecto lo dispuesto por el Poder Ejecutivo para frenar la aplicación de la norma, que el Congreso había reinstalado luego de rechazar el veto presidencial.
La sentencia judicial y el reclamo por sanciones
En su presentación judicial, Lastra denuncia que el Gobierno nacional ha adoptado “maniobras dilatorias” en lugar de cumplir la sentencia que obliga a implementar la ley. En el escrito se sostiene que no existe una justificación legal válida para postergar la aplicación de la norma.
Según lo expresado por la abogada, no resulta imprescindible la reglamentación tardía de la ley para aplicar medidas urgentes. Señaló que acciones concretas como autorizar la alta de pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, actualizar el nomenclador de prestaciones y brindar facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera se encuentra en crisis, podrían haberse implementado sin necesidad de esperar una reglamentación que, a su criterio, sirve como excusa dilatoria.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, Ley 27.793, declaró la emergencia nacional en la materia hasta fines de 2026, con opción de prórroga, e incluye medidas como la actualización de aranceles para compensar la pérdida de valor frente a la inflación, así como el fortalecimiento de prestaciones y apoyos a personas con discapacidad. El juez federal de Campana había declarado inválido el decreto gubernamental que suspendía la aplicación de esta ley y ordenó su ejecución inmediata.
La presentación de Lastra no solo denuncia el incumplimiento, sino que promueve la ejecución de la sentencia y se reserva la posibilidad de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no se avanza en el cumplimiento efectivo.
Organizaciones del colectivo de discapacidad han señalado que, pese a la orden judicial, el Poder Ejecutivo no ha implementado aún las medidas necesarias para poner en marcha la ley de forma plena, manteniendo en alerta a familias, prestadores y organizaciones que esperan una respuesta efectiva del Estado.
La denuncia de Lastra pone el foco en la falta de cumplimiento de una ley que fue sancionada por el Congreso con amplia mayoría y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, generando ahora una nueva instancia de conflicto judicial entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en materia de derechos de las personas con discapacidad.
