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El Gobierno federal de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció un aumento en el incentivo económico destinado a personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio legal y optan por salir voluntariamente. Según el comunicado oficial, esta medida ofrece un pago de hasta USD 2.600 junto con asistencia de viaje para que la persona regrese a su país de origen usando una plataforma digital administrada por el propio gobierno.
El incentivo se gestiona mediante la aplicación móvil CBP Home, una herramienta que reemplaza a la anterior CBP One, y permite a los interesados registrar su intención de salir de forma voluntaria y coordinar su salida formal del país. Además del pago, el DHS señaló que quienes completen el proceso podrían beneficiarse de la condonación de multas civiles relacionadas con su presencia irregular en Estados Unidos.
El argumento oficial: reducir costos y evitar deportaciones forzadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la intención de este incentivo es generar una alternativa “más barata y ordenada” al proceso de deportación forzada. Esta declaración se da en el marco de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reducir la cantidad de inmigrantes en situación irregular, a la vez que se busca gastar menos recursos que los que demandan los procesos tradicionales de detención y deportación.
El justificativo de este aumento del incentivo económico es que busca facilitar la salida voluntaria y reducir la presión sobre los sistemas de detención y justicia migratoria. El DHS sostiene que este enfoque permite gastar menos recursos públicos que los procedimientos tradicionales, que pueden alcanzar costos cercanos a los USD 17.000 por persona en procesos de arresto y deportación forzada
Este programa de autodeportación no es nuevo: ya en 2025 se habían anunciado incentivos previos que incluían un bono de USD 1.000 y pasajes aéreos gratis para quienes se registraran y salieran voluntariamente del país a través de la misma aplicación digital. En 2025, bajo esta modalidad, más de 1,9 millones de personas “autodeportadas” fueron reportadas por el Gobierno desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, aunque no siempre queda claro cuántos de esos casos recibieron efectivamente el bono prometido.
Relación con la intensificación de la política migratoria
El relanzamiento del incentivo económico se produjo a pocos días de un hecho violento que involucró a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que volvió a poner en foco el clima de tensión que rodea a las políticas migratorias. En ese marco, el mensaje oficial apunta a que los inmigrantes abandonen el país antes de ser localizados, detenidos o arrestados durante operativos federales.
Desde el Gobierno remarcan que quienes se autodeporten mediante este mecanismo podrían evitar sanciones civiles adicionales y cerrar su salida de manera “ordenada”. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y de asistencia a migrantes advierten que la decisión se produce bajo un escenario de presión constante, marcado por controles, amenazas de arresto y falta de alternativas reales de regularización.
Repercusiones y enfoque oficial
Distintas organizaciones especializadas en derecho migratorio advirtieron que aceptar el programa de autodeportación puede tener consecuencias legales directas a mediano y largo plazo. En primer lugar, la salida voluntaria registrada por los sistemas oficiales del Gobierno de Estados Unidos queda asentada en los historiales migratorios y puede activar prohibiciones de reingreso de tres o diez años, según el tiempo de permanencia irregular previo, tal como establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Además, la autodeportación no elimina automáticamente sanciones administrativas ni garantiza la posibilidad de solicitar una visa en el futuro.
Las entidades también señalaron que el uso de la aplicación CBP Home implica una renuncia tácita a eventuales reclamos legales, ya que la persona acepta abandonar el país sin pasar por una audiencia migratoria ni recibir asesoramiento jurídico obligatorio. En ese marco, reclamaron mayor claridad sobre el alcance real del programa, especialmente en relación con los efectos sobre pedidos de asilo pendientes, procesos de reunificación familiar y solicitudes futuras de regularización. También mencionaron casos documentados en los que migrantes denunciaron demoras o falta de pago del incentivo prometido, sin mecanismos claros de reclamo una vez concretada la salida del país.
