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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lideró este jueves en Washington D.C. la sesión de apertura de la Junta de Paz (Board of Peace). Este nuevo organismo internacional busca coordinar la reconstrucción de la Franja de Gaza y establecer una fuerza de estabilización tras más de dos años de conflicto bélico. La Casa Blanca presentó la iniciativa como el pilar ejecutivo de un plan de 20 puntos diseñado para consolidar el frágil alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás.
La reunión contó con la presencia de delegaciones de 40 países y representantes de la Unión Europea. Sin embargo, la convocatoria mostró fisuras en el bloque de aliados tradicionales. Potencias como Reino Unido, Francia, Alemania y España evitaron la integración formal al organismo. Estos países enviaron técnicos en calidad de observadores diplomáticos, pero no comprometieron su adhesión política total al esquema propuesto por la administración Trump.
Financiamiento acotado y el rol de las tropas internacionales
Durante el plenario, los países miembro anunciaron compromisos de financiamiento por 5.000 millones de dólares. Esta cifra representa apenas una fracción de los 70.000 millones de dólares que los organismos técnicos consideran necesarios para la recuperación básica de la infraestructura en Gaza. El presupuesto actual cubre programas de ayuda humanitaria inmediata y remoción de escombros, pero queda lejos de las metas de urbanización a largo plazo.
El debate sobre la seguridad ocupó gran parte de la agenda. El plan de Trump exige el desarme total de Hamás como condición innegociable para avanzar en la inversión privada. Para garantizar este proceso, la Junta de Paz propone una fuerza de seguridad multinacional. Hasta el momento, Indonesia destaca como el único país que formalizó un compromiso firme de despliegue de tropas y unidades policiales en el terreno. El resto de los asistentes mantiene bajo revisión sus aportes operativos ante la falta de garantías sobre la cadena de mando.
El documento técnico del plan de 20 puntos establece que Gaza funcionará como una «zona económica especial» con aranceles preferenciales para atraer inversión extranjera. El texto estipula la liberación inmediata de todos los rehenes y la entrega de restos mortales en un plazo de 72 horas tras la firma del acuerdo. A cambio, Israel liberará a 250 presos con cadena perpetua y a 1.700 detenidos posteriores al 7 de octubre de 2023. El plan también garantiza amnistía y paso seguro a terceros países para los miembros de Hamás que depongan las armas y acepten no participar en la gobernanza del enclave, la cual quedará bajo un comité palestino tecnocrático supervisado por la Junta de Paz.
Alineamientos y rechazos en el continente americano
La región latinoamericana mostró posturas divididas frente a la convocatoria de Washington. El presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, oficializaron la membresía de sus países y asistieron personalmente a la cumbre para respaldar la gestión de Trump. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la invitación para integrar el organismo de forma permanente. El gobierno mexicano optó por enviar a su embajador ante la ONU únicamente como observador, argumentando que cualquier proceso de paz debe incluir a todas las partes y respetar los marcos del derecho internacional vigentes en las Naciones Unidas.
La creación de esta junta ocurrió formalmente en enero de 2026, luego del anuncio de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario estadounidense proyecta este organismo como una alternativa de gestión global que trasciende el conflicto palestino-israelí, aunque la operatividad real del sistema todavía genera escepticismo en los círculos diplomáticos de Bruselas y el Vaticano. La Santa Sede ratificó su decisión de no participar y señaló que la gestión de estas crisis debe permanecer bajo la órbita de las Naciones Unidas.
