Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil el próximo jueves 12 de febrero. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Los jefes de bloque definieron el cronograma de trabajo este miércoles durante las reuniones parlamentarias en el Congreso.

El Gobierno Nacional incluyó esta reforma en el temario de sesiones extraordinarias. El oficialismo busca sancionar la ley antes del cierre de febrero. Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, ratificó el esquema de trabajo de las comisiones. Las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, y de Familia, Niñez y Adolescencia iniciarán el debate formal esta semana. Los legisladores planean firmar el dictamen de mayoría el miércoles 11 de febrero. El texto pasará inmediatamente al recinto para su votación el jueves 12.

Los bloques parlamentarios utilizarán como base el dictamen de minoría logrado durante el año 2024. Los diputados introdujeron ajustes técnicos para garantizar el acompañamiento de sectores aliados. El proyecto establece un nuevo marco procesal para menores de edad en conflicto con la ley penal. La propuesta central fija en 14 años la edad mínima para que una persona enfrente un proceso judicial por delitos tipificados en el Código Penal.

Comparativa técnica: Las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil

La reforma que la Cámara de Diputados debatirá el 12 de febrero propone cambios estructurales sobre la actual Ley 22.278. A continuación, se detallan las diferencias entre el sistema vigente y el nuevo proyecto:

Edad mínima de imputabilidad

• Régimen actual: La responsabilidad penal comienza a los 16 años. Los menores de esa edad no enfrentan procesos judiciales ni sanciones penales.

• Nuevo proyecto: La edad de imputabilidad baja a los 14 años. El Estado podrá juzgar a adolescentes desde esa edad por delitos tipificados en el Código Penal.

Límite de las penas

• Régimen actual: La ley no establece topes máximos diferenciados de forma clara para los menores en delitos de extrema gravedad.

• Nuevo proyecto: Fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad para los menores de edad. La escala penal será siempre menor a la de los adultos.

Sistema de juzgamiento

• Régimen actual: El sistema es «tutelar». El juez tiene facultades discrecionales para decidir sobre el futuro del menor sin necesidad de un juicio acusatorio formal.

• Nuevo proyecto: Implementa un sistema acusatorio. El proceso exige la intervención obligatoria de un fiscal y un abogado defensor. El menor cuenta con las mismas garantías procesales que un adulto.

Alojamiento y Centros de Detención

• Régimen actual: El sistema presenta baches que permiten el alojamiento en institutos sin regímenes uniformes o, en casos críticos, en comisarías comunes.

• Nuevo proyecto: Prohíbe el alojamiento en comisarías. Obliga a la creación de Centros Especializados con separación total de la población carcelaria adulta.

Justicia Restaurativa y Reparación

• Régimen actual: No contempla mecanismos obligatorios de mediación o reparación del daño a la víctima.

• Nuevo proyecto: Introduce la Justicia Restaurativa. El juez podrá aplicar medidas alternativas como la reparación del daño o servicios a la comunidad para delitos menores.

Financiamiento y Recursos

• Régimen actual: Cada provincia debe sostener sus propias instituciones de menores con sus recursos presupuestarios ordinarios.

• Nuevo proyecto: El Estado Nacional asume el compromiso de girar partidas presupuestarias específicas. Este dinero tiene como fin único la construcción de infraestructura y la formación de personal especializado en justicia juvenil.

Financiamiento provincial y presupuesto para el nuevo régimen

Las negociaciones políticas sumaron un artículo clave para destrabar el apoyo de los gobernadores. El texto ahora incluye una partida presupuestaria específica para las provincias. Este dinero financiará la construcción de centros especializados y la contratación de personal técnico. Las provincias deberán adecuar sus estructuras edilicias para evitar el alojamiento de menores en comisarías comunes. Los legisladores provinciales exigieron este compromiso financiero antes de dar el visto bueno en el Congreso Nacional.

El proyecto descarta definitivamente la propuesta inicial de bajar la edad a 13 años. Esa opción perdió fuerza durante las discusiones de 2024 por falta de consenso parlamentario. El nuevo régimen penal juvenil prioriza la especialización de los jueces y fiscales intervinientes. La norma prohíbe explícitamente que los menores de 14 y 15 años compartan espacios de detención con adultos condenados. El sistema buscará la resocialización mediante programas educativos obligatorios durante el cumplimiento de las penas.

Posturas enfrentadas y agenda legislativa

La constitución formal de las comisiones de trabajo ocurrirá este martes en el anexo de la Cámara de Diputados. El Ministerio de Justicia de la Nación enviará representantes para defender los alcances de la reforma ante los legisladores. El Poder Ejecutivo considera que la actual Ley 22.278, dictada en 1980, resulta obsoleta para la realidad criminal actual. La oposición nucleada en Unión por la Patria mantiene críticas al proyecto y presentará un dictamen propio con eje en la prevención social.

El cronograma legislativo del 12 de febrero coincide con el tratamiento de otros proyectos de ley urgentes. El Congreso también analiza reformas en materia laboral y administrativa durante este período de extraordinarias. La baja de la edad de imputabilidad representa uno de los ejes centrales del plan de seguridad del oficialismo. La votación del jueves 12 definirá si el proyecto obtiene la media sanción necesaria para pasar al Senado de la Nación.

El texto final contempla escalas penales diferenciadas para los menores de 18 años. La duración de las penas tendrá un límite máximo inferior al de los adultos. Los centros de detención juvenil deberán contar con servicios de salud mental y asistencia social permanente. El Ministerio de Seguridad de la Nación aportó estadísticas sobre la participación de menores en delitos graves para sustentar el pedido de reforma legislativa.