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La Cámara de Diputados de la Nación avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca establecer un nuevo régimen penal juvenil. El dictamen fue firmado con el respaldo de bloques aliados, aunque con modificaciones respecto al proyecto original.
Debate en comisiones y posiciones políticas
El proyecto se debatió en un plenario de comisiones integrado por Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, lideró las discusiones. Participaron 113 diputados, representando casi la mitad de la Cámara. Para emitir dictamen, se requerían 72 firmas, número difícil de alcanzar debido a la falta de consenso.
El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, propuso inicialmente reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, durante las negociaciones, se acordó establecerla en 14 años. El proyecto contempla penas privativas de libertad en casos de delitos graves, con un máximo de 20 años de prisión, y sanciones alternativas como amonestaciones y servicios comunitarios para delitos menores. Además, prohíbe la imposición de penas de reclusión o prisión perpetua a menores.
El bloque Unión por la Patria expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que menos del 1% de los delitos graves en Argentina son cometidos por menores de edad. También señalaron que el 83% de los adultos que pasaron por institutos de menores reincidieron, mientras que entre quienes no estuvieron institucionalizados, la cifra cae al 8%.
Organizaciones de derechos humanos y representantes de la Iglesia Católica también manifestaron su oposición. El obispo de La Rioja, Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, declaró que «poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz».
El proyecto ahora deberá ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará reunir los votos necesarios para su aprobación, mientras continúa el debate sobre la mejor manera de abordar la responsabilidad penal juvenil en el país.
