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La Municipalidad de Córdoba intensificó esta semana los operativos de fiscalización sobre el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales. La medida tiene como objetivo principal identificar y sancionar a los conductores que prestan servicios a través de aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi sin contar con la inscripción correspondiente en el registro municipal obligatorio. Las sanciones económicas para quienes infrinjan la normativa vigente son severas: las multas parten desde los 2 millones y pueden alcanzar los 6 millones de pesos, dependiendo de la reincidencia y la gravedad de la falta.
El endurecimiento de los controles se enmarca en la plena vigencia de la Ordenanza 13.549, sancionada y reglamentada a finales de 2025. Esta norma creó el «Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas», estableciendo un marco legal que obliga tanto a las empresas como a los choferes a cumplir con requisitos técnicos y administrativos específicos. Entre las exigencias se encuentran la posesión de una licencia de conducir clase D1, la presentación de certificados de antecedentes penales limpios y la contratación de seguros específicos para el transporte de pasajeros.
Un sistema de fiscalización digital y presencial
La Secretaría de Movilidad Urbana utiliza el Observatorio de la Movilidad para monitorear el flujo de viajes y cruzar datos con el registro digital de conductores habilitados. Los operativos de control son realizados por inspectores municipales en puntos estratégicos y aleatorios de la ciudad, donde se verifica que el vehículo cuente con el permiso correspondiente y que el conductor esté vinculado a una aplicación que haya completado su proceso de habilitación definitiva ante el Palacio 6 de Julio.
Además de las multas que se miden en Unidades Económicas Municipales (UEM), la normativa establece la posibilidad del secuestro inmediato de la unidad y la inhabilitación del conductor para obtener licencias profesionales en el futuro. Cabe recordar que los vehículos utilizados en estas plataformas no pueden superar los 10 años de antigüedad y deben aprobar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) con una frecuencia semestral. Con estos controles, el municipio busca equilibrar el sistema de transporte, garantizando condiciones de seguridad para los usuarios y una competencia leal con el sector de taxis y remises.
Las empresas de tecnología también están bajo la lupa oficial. La ordenanza estipula que las plataformas son responsables solidarias de los incumplimientos de sus choferes. Aquellas aplicaciones que permitan la operación de conductores no registrados se exponen a la suspensión de su licencia comercial en la ciudad y a sanciones pecuniarias directas. Hasta el momento, empresas como Cabify y Uber ya han iniciado o completado sus trámites de inscripción, pero el municipio advierte que la legalidad del servicio depende exclusivamente de la validación individual de cada trabajador en el sistema municipal.
Impacto y situación en el corredor Sierras Chicas
La situación de las aplicaciones de viaje presenta una disparidad marcada en el corredor de las Sierras Chicas. Mientras que la ciudad de Córdoba aplica el rigor de la nueva ordenanza, localidades vecinas han tomado caminos distintos. Villa Allende fue pionera en la región al legalizar formalmente el uso de Uber y otras plataformas mediante una ordenanza propia en octubre de 2024. Allí, el servicio opera bajo un marco regulatorio que exige a las plataformas el pago de una alícuota municipal y a los conductores el cumplimiento de normativas de seguridad e higiene, similar al esquema de los taxis y remises locales.
Sin embargo, en ciudades como Unquillo y Mendiolaza, la situación jurídica es más gris. Aunque los usuarios utilizan las aplicaciones de manera frecuente para trasladarse hacia la capital, estas jurisdicciones no cuentan aún con un marco regulatorio tan específico como el de Villa Allende o Córdoba Capital. Esto genera que, al cruzar los límites municipales hacia la capital, los conductores de Sierras Chicas queden expuestos a los nuevos controles y a las multas millonarias si no están inscriptos en el Registro Digital Municipal de Córdoba. Los inspectores municipales en los puntos de acceso, como la Avenida Padre Luchesse o la Autovía E-53, verifican estrictamente la vinculación de la unidad con el sistema de monitoreo del Observatorio de la Movilidad.
