
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó este jueves la detención e imputación de un oficial del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) por el violento operativo del pasado 3 de febrero en barrio Pueyrredón. La fiscal de instrucción Silvana Fernández dispuso la medida tras analizar las pruebas recolectadas sobre el procedimiento donde una mujer de 41 años, que sufría un brote psicótico, recibió dos disparos de arma reglamentaria. El efectivo fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa calificado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario público.
El hecho se desencadenó en una vivienda de calle Armenia, donde la víctima se encontraba bajo una crisis de salud mental aguda, portando un cuchillo y amenazando con autolesionarse. Tras el fracaso del personal del CAP para contenerla, ingresó el equipo de elite ETER. Según la investigación, el ahora detenido efectuó dos disparos con proyectiles de plomo que impactaron en el abdomen y en una pierna de la mujer. El uso de munición letal en un contexto de salud mental es el eje de la controversia, ya que los protocolos nacionales e internacionales exigen el empleo de medios no letales y técnicas de desescalada para estos casos.
Estado crítico de la víctima y pericias determinantes
La mujer permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital San Roque. El último parte médico indica que su estado es crítico y con pronóstico reservado, encontrándose bajo asistencia respiratoria mecánica tras haber sido sometida a una cirugía abdominal de urgencia. Los profesionales del nosocomio confirmaron que, además de las heridas de bala, la paciente presentaba lesiones autoinfligidas previas al ingreso policial, lo que ratifica el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba al momento del ataque.
Un elemento clave para la detención del uniformado fue el análisis de las cámaras corporales (bodycams) que portaban los integrantes del grupo táctico. El registro audiovisual permitió a la fiscalía constatar la distancia de los disparos y la ausencia de una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal. Por orden de la fiscalía, el agente fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 9, mientras que otros dos efectivos intervinientes fueron pasados a situación pasiva por el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad mientras se evalúa su responsabilidad por omisión o encubrimiento.
La causa generó un fuerte repudio de organizaciones de Derechos Humanos, que denuncian el incumplimiento de la Ley de Salud Mental 26.657 y los protocolos de actuación policial vigentes. La justicia continuará con la toma de testimonios a los familiares presentes en la vivienda y espera la evolución de la víctima para determinar si puede prestar declaración.
LA AZOTEA RADIO ONLINE SITIO OFICIAL!