
La jueza de feria Mariana Wallace ordenó la búsqueda de un hombre de 79 años, denunciado por violencia familiar contra su expareja, quien se niega a presentarse en el Polo Integral de la Mujer para la colocación de un dispositivo dual (tobillera electrónica). Esta medida busca garantizar la seguridad de la víctima y asegurar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.
Orden de captura y antecedentes del caso
El hombre, había sido intimado en reiteradas oportunidades por distintas magistradas, pero nunca se presentó a cumplir la orden judicial. Se estima que actualmente se encuentra en la provincia de La Rioja. La magistrada Wallace destacó en su resolución que, a pesar de que el acusado pertenece a la franja etaria de adulto mayor, no ha demostrado dificultades para ejercer sus derechos ante el sistema judicial. «Muy por el contrario, viene desplegando su autonomía de la voluntad con mucho éxito ante el sistema de justicia», enfatizó.
El Estado ha intervenido en la vida privada del acusado y su expareja durante los últimos quince años debido a denuncias por violencia familiar. Wallace subrayó que ha habido una escalada de agresiones, lo que llevó a la implementación de medidas cada vez más rigurosas para su control. La orden de colocación de la tobillera está pendiente desde mediados de diciembre, debido a cinco presentaciones judiciales interpuestas por el Sr. G. con diferentes abogados, todas resueltas y notificadas en el mismo día.
La jueza también advirtió que los argumentos presentados por el acusado han variado considerablemente a lo largo del proceso, justificando su ausencia primero por motivos laborales en La Rioja y luego alegando problemas de salud sin pruebas suficientes.
Finalmente, la resolución judicial dispuso que el Refugio de Cáritas brinde alojamiento al acusado por cinco días, ya que sobre él pesa una orden de exclusión de su domicilio. En ese plazo, se espera que pueda organizar su situación habitacional de manera definitiva. Las autoridades recalcan la importancia de cumplir con las medidas judiciales y de continuar fortaleciendo las herramientas de protección para las víctimas de violencia de género.