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El Gobierno argentino ha iniciado una auditoría de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lideran este proceso. El objetivo es garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos legales establecidos.
Resultados preliminares en CABA
Entre el 2 y el 20 de enero, se convocó a 1.108 beneficiarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ellos, el 31,6% (357 personas) no asistió a la cita. Además, el 16,6% (126 personas) no cumplía con los requisitos para recibir la pensión. Se registraron 20 bajas por renuncias voluntarias o fallecimientos.
Proceso de auditoría
Los beneficiarios reciben una carta documento con un turno asignado para una evaluación médica en PAMI. Deben presentar la documentación requerida. Los médicos de PAMI realizan los controles necesarios. Posteriormente, profesionales de ANDIS analizan la información recopilada. Finalmente, se emiten dictámenes y resoluciones para determinar la continuidad o suspensión de la pensión.
Falta de controles y casos complejos
Según datos oficiales, el 60% de las pensiones no contributivas corresponden a personas con discapacidad. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que muchos beneficiarios enfrentan dificultades para acceder a las evaluaciones médicas. Estas evaluaciones determinan si cumplen con los requisitos para mantener la prestación.
En 2022, la Anses detectó irregularidades en el 15% de los casos auditados. Algunos beneficiarios no presentaron la documentación requerida. Otros no asistieron a las reevaluaciones médicas. Sin embargo, especialistas advierten que el sistema no siempre considera las circunstancias individuales. Por ejemplo, personas con discapacidades severas o que viven en zonas remotas enfrentan barreras para cumplir con los trámites.
El monto de estas pensiones es de $80.412 mensuales, según cifras actualizadas a octubre de 2023. Este dinero es vital para muchas familias en situación de vulnerabilidad. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad piden que las auditorías sean más flexibles. Sugieren incluir informes de trabajadores sociales y médicos tratantes en el proceso.
Reclamos por falta de actualización y ajustes
Organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad reclaman que el monto de las pensiones no contributivas no se ajusta al costo de vida actual. Según un informe del INDEC, la canasta básica total para una familia tipo supera los $400.000 mensuales. Esto deja a muchos beneficiarios en situación de pobreza.
Además, el trámite para acceder a estas pensiones suele ser burocrático y lento. En muchos casos, los beneficiarios deben esperar meses para obtener una respuesta. La falta de personal en las oficinas de la Anses y la escasez de médicos evaluadores agravan el problema.
La Anses asegura que las revisiones buscan garantizar la transparencia del sistema. No obstante, reconocen que el proceso debe mejorar. Prometen agilizar los trámites y brindar mayor apoyo a los beneficiarios. Mientras tanto, miles de personas esperan respuestas claras sobre el futuro de sus pensiones.
