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Este martes 3 de febrero, el Ministerio Público de París ordenó el allanamiento de las oficinas de la red social X (antes Twitter) en Francia. El operativo, ejecutado por la unidad de ciberdelincuencia con el apoyo de Europol, busca recabar pruebas en una investigación penal que escala tras un año de pesquisas iniciadas en enero de 2025.
Durante el registro, los peritos judiciales extrajeron documentación técnica y registros internos. El foco principal es determinar cómo el sistema automatizado de X prioriza contenidos y si su estructura de datos ha sido manipulada para favorecer sesgos informativos o permitir la circulación de material ilegal.
Citación a la cúpula: Musk y Yaccarino bajo la lupa
En un movimiento judicial sin precedentes, la fiscalía ha convocado a:
- Elon Musk: Propietario de la plataforma.
- Linda Yaccarino: Ex directora ejecutiva (quien dejó el cargo en julio de 2025).
Ambos deberán comparecer en París el 20 de abril de 2026 bajo la figura de audición voluntaria. Según la fiscal jefa, Laure Beccuau, esta instancia busca que los directivos expliquen las medidas de cumplimiento normativo de la empresa frente a la legislación francesa.
Los cargos: De la manipulación al material ilícito
Lo que comenzó como una investigación por «opacidad algorítmica» ha derivado en acusaciones mucho más severas. La fiscalía investiga la presunta complicidad de la plataforma en:
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Distribución de material de abuso sexual infantil (CSAM).
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Creación de «deepfakes» no consensuados y pornografía falsa generada por la IA.
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Negacionismo y mensajes de odio amplificados por el chatbot Grok.
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Extracción fraudulenta de datos y administración ilícita de una plataforma digital.
Dato clave: La Comisión Europea ya había advertido que la IA de Musk, Grok, permitió la generación de millones de imágenes sexualizadas de menores y mujeres en periodos críticos del último año.
Contexto: Europa contra la impunidad digital
Este caso se produce bajo el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. Francia, liderando la supervisión estricta de las «Big Tech», busca sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los dueños de plataformas cuando sus algoritmos facilitan delitos transnacionales.
Por su parte, Elon Musk ha calificado el operativo a través de su propia red social como un «ataque político», argumentando que las autoridades francesas vulneran la libertad de expresión, aunque hasta el momento la empresa no ha impugnado la legalidad de la causa.
