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Este miércoles 4 de febrero, la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba fue escenario de un operativo judicial clave. Por orden del fiscal de instrucción Tomás Casas, efectivos policiales ingresaron al organismo para secuestrar expedientes y soportes digitales vinculados a la accidentada compra de 15 drones de alta tecnología destinados a la Policía de Córdoba.
El operativo busca determinar si los tribunos incurrieron en abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público al frenar el visado de la licitación, un contrato que asciende a los 6,8 millones de dólares.
El origen del conflicto: Quinteros vs. Tribunos
La causa penal se disparó tras una denuncia directa del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario sostiene que el Tribunal de Cuentas:
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Extralimitó sus funciones: Al cuestionar la «oportunidad y mérito» de la compra, algo que excedería el control técnico formal.
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Obstruyó políticas públicas: El Ministerio argumenta que el bloqueo del expediente impide el despliegue de tecnología crítica para la seguridad provincial.
El dato: La licitación incluye 15 drones de última generación, software de monitoreo y capacitación técnica para los agentes.
«Amedrentamiento»: La respuesta del Tribunal
Desde el organismo de control, la respuesta fue tajante. Su presidente, Beltrán Corvalán, calificó el allanamiento como un «intento de amedrentamiento institucional». Según Corvalán, el Tribunal actuó bajo sus facultades al detectar presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
Además, el funcionario cuestionó la necesidad del operativo, asegurando que gran parte de la documentación solicitada ya estaba en poder del Ministerio de Seguridad, reforzando la tesis de una «maniobra política» por parte del Ejecutivo.
Escenario de crisis institucional
Este episodio marca el punto más alto de confrontación entre el Gobierno de la Provincia y el organismo de control en lo que va del año. Mientras la Justicia analiza si hubo delito en el freno administrativo, la batalla política se traslada a la interpretación de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo, dejando en suspenso una de las inversiones en seguridad más importantes de la gestión.
