
La administración del expresidente Donald Trump puso en vigencia este martes, desde las 00:00 hora local, una nueva ronda de gravámenes arancelarios del 10 % sobre las importaciones globales. La medida surge como respuesta directa al fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló los impuestos previos a bienes extranjeros. El máximo tribunal determinó que el Ejecutivo excedió su autoridad al imponer tarifas de entre el 10 % y el 50 % bajo una ley de emergencia sin el aval del Congreso. Para sortear el bloqueo, el equipo de Trump apeló a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite fijar tasas temporales por 150 días.
Este cambio normativo elimina los beneficios arancelarios diferenciales que Argentina había negociado recientemente. Al aplicarse una tarifa uniforme y no selectiva, desaparece la ventaja comparativa frente a competidores con tasas superiores. El impacto es inmediato en las aduanas estadounidenses para todos los productos no exentos, afectando un flujo comercial que en 2025 alcanzó el récord histórico de USD 8.338 millones. La medida introduce una fuerte incertidumbre en el sector privado, que ahora depende de una resolución del Congreso estadounidense tras el vencimiento del plazo de cinco meses.
Impacto en el sector exportador argentino
Los productos más afectados por el nuevo gravamen del 10 % incluyen bienes estratégicos de la canasta exportadora nacional. El petróleo crudo, que se consolidó como el principal producto de venta a EE.UU. en el último año, encabeza la lista de rubros perjudicados. Asimismo, el sector minero enfrenta complicaciones directas en los envíos de oro y litio, minerales críticos que habían ganado protagonismo en la agenda bilateral. En el ámbito agroindustrial, la medida alcanza a exportaciones clave como el aceite de soja, el vino, los limones y diversos quesos, que pierden la desgravación parcial obtenida en acuerdos previos.
En contraste, la carne vacuna mantendría una posición de relativa protección. El cupo de 80.000 toneladas anuales, recientemente ampliado por un decreto presidencial de Trump para aliviar el mercado interno estadounidense, se otorgó mediante una proclama independiente al acuerdo general anulado. Por otro lado, el aluminio y el acero continúan bajo un régimen de alta presión fiscal, manteniendo aranceles que llegan al 50 % para usos industriales, quedando exentos únicamente aquellos destinados a la aviación civil. El biodiésel, un reclamo histórico del sector productivo argentino, permanece excluido de cualquier beneficio arancelario en este nuevo esquema.
La respuesta política en Washington incluye la presentación de la Tariff Refund Act of 2026 por parte de senadores demócratas, que busca la devolución de USD 175.000 millones cobrados ilegalmente bajo el esquema anterior. Mientras tanto, en Argentina, la Cancillería y el Ministerio de Economía analizan de urgencia el alcance de la Sección 122 para determinar si existen márgenes de excepción basados en «necesidades de la economía estadounidense». La volatilidad del mercado ya se sintió en la plaza local, donde los activos argentinos registraron caídas y el riesgo país mostró señales de inestabilidad ante el endurecimiento del proteccionismo norteamericano.
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