
El Gobierno nacional publicó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 tras un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata y un fuerte reclamo social que reclamaba su puesta en marcha efectiva. La medida se oficializó mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2025 y declarada de vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, tras su aprobación, el Poder Ejecutivo había vetado la norma y luego suspendió su aplicación, argumentando falta de financiamiento para sostener las nuevas prestaciones. Esa suspensión fue declarada invalida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 determinó que la normativa debía aplicarse de forma inmediata bajo pena de violar la supremacía constitucional de la ley.
Decreto y sus efectos operativos
La reglamentación dispuesta por el Decreto 84/2026 define con mayor precisión varios puntos centrales de la ley. Establece los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control que regirán su aplicación. También indica que el sistema debe articularse con políticas de inclusión laboral y con reglas de compatibilidad de ingresos.
El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud Nacional. Esta decisión implica que la política pública en discapacidad se enfoque desde esa cartera, con responsabilidades específicas de coordinación, evaluación socioeconómica y ejecución de auditorías periódicas. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios técnicos y sociales que definan la evaluación de los beneficiarios.
Uno de los aspectos operativos más importantes es la conversión automática de pensiones vigentes otorgadas bajo normas previas hacia el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, sin necesidad de solicitud de parte del beneficiario. Esto implica que quienes ya reciben prestaciones pasarán al nuevo esquema con sus beneficios adaptados, previa verificación del cumplimiento de requisitos.
Contexto judicial y reclamo social
La reglamentación se produce en un contexto de intenso reclamo social por parte de organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios, quienes alertaron sobre la precariedad del sistema y la interrupción de prestaciones esenciales. Ese movimiento social fue un factor visible en la cobertura mediática y en las expresiones públicas que exigían la vigencia plena de la ley.
El fallo del Juzgado Federal de Campana fue clave para despejar obstáculos administrativos y obligar al Ejecutivo a cumplir con el mandato legal. Ese tribunal consideró inconstitucional la suspensión del decreto del Poder Ejecutivo que paralizaba la ley, al sostener que violaba la división de poderes y la supremacía de la ley sobre actos administrativos.
Con la firma del Decreto 84/2026, la Ley 27.793 entra en vigencia plena y comienza a desplegar sus mecanismos para asegurar la protección social, el acceso a pensiones y la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
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