
Este jueves, los sindicatos estatales que aportan a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba mantuvieron una reunión con sus equipos legales para definir una estrategia judicial colectiva frente a la nueva normativa previsional aprobada en 2025.
La decisión fue tomada por representantes de 14 gremios estatales provinciales que cuestionan la Ley de Equidad Jubilatoria —impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por la Legislatura provincial— por considerar que aumenta los aportes personales de los trabajadores activos y afecta la sustentabilidad del sistema previsional sin soluciones estructurales claras.
Defensa gremial y judicial del sistema previsional cordobés
Los sindicatos acordaron coordinar acciones legales conjuntas para cuestionar la constitucionalidad de la norma y frenar su aplicación en los tribunales de la provincia de Córdoba. Además de la presentación conjunta, los gremios analizan estrategias que podrían incluir amparos colectivos o demandas por inconstitucionalidad, según fuentes gremiales.
En paralelo, cada sindicato brindará asesoramiento individual a sus afiliados para que puedan realizar presentaciones judiciales propias con apoyo técnico desde febrero próximo.
Los gremios sostienen que la reforma no solo aumenta la carga de aportes de los trabajadores activos, sino que también pone en riesgo el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, lo que incrementa el malestar de sectores estatales que dependen de la Caja.
Unidad sindical y plan de lucha
La convocatoria contó con la participación de organizaciones como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y otros sindicatos estatales que han venido impulsando un plan de lucha amplio. Según los gremios, la estrategia judicial se complementa con medidas de visibilización y protestas en diferentes puntos de la provincia, como en peajes y accesos viales, sin afectar el tránsito.
En comunicaciones oficiales de las entidades sindicales, se repudió lo que definieron como un intento de criminalizar la protesta social y se reafirmó la defensa de los derechos de trabajadoras, trabajadores y jubilados frente a lo que consideran un ajuste previsional.
Los gremios también expresaron exigencias al Gobierno Nacional para que envíe los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, algo que, según ellos, agravaría el desfinanciamiento del sistema si no se atiende.
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