
El Gobierno Nacional oficializó la eliminación del aporte obligatorio del 15% que debían pagar las empresas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para acceder al régimen de promoción industrial. Esta contribución, que se destinaba al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), pasará de ser obligatoria a un porcentaje que puede llegar hasta 0%, según lo que determinen las autoridades tras evaluar el impacto de cambios tributarios y arancelarios recientes.
La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la Resolución 19/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. La normativa habilita a las empresas industriales bajo el subrégimen de promoción a solicitar ante la autoridad de aplicación una revisión de los aportes al FAMP siempre que consideren que modificaciones en la política tributaria o arancelaria han deteriorado su competitividad.
Contexto del cambio y motivo de la medida
El aporte del 15% estaba establecido como condición para que las industrias radicadas en Tierra del Fuego pudieran gozar de los beneficios fiscales y aduaneros contemplados en la Ley 19.640 y sus decretos reglamentarios, que constituyen el régimen de promoción industrial de la isla. Estos beneficios incluyen, entre otros, exenciones impositivas y reducciones arancelarias con el fin de fomentar la inversión, la producción y el empleo en esa región remota del país.
La reciente eliminación de aranceles para la importación de ciertos productos, entre ellos los teléfonos celulares – una medida implementada el 15 de enero de 2026 a través de un decreto presidencial –, afectó directamente la competitividad de las unidades productivas fueguinas. La quita de estas barreras comerciales redujo el diferencial de costos que protegía a la industria local frente a productos importados, generando un escenario que las empresas calificaron como perjudicial para su desempeño económico.
Frente a ese escenario, la nueva resolución permite que cada empresa interesada presente una solicitud formal para reducir el aporte al fondo, proponiendo un porcentaje que vaya desde el actual 15% hasta el 0%, dependiendo del impacto real del cambio normativo en su actividad productiva. La evaluación de cada caso estará a cargo de la autoridad de aplicación, con dictamen previo del Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina, que deberá analizar la afectación a los proyectos vigentes y los efectos en la recaudación del fondo.
El texto oficial aclara que esta reducción podrá concederse de manera transitoria, mientras persistan las condiciones que motivaron la petición. La idea es restaurar la competitividad alterada por cambios externos, no eliminar de forma definitiva el aporte en todos los casos sin una evaluación específica.
Impacto esperado y debate industrial
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina fue creado como un instrumento para financiar proyectos productivos, inversiones de capital, infraestructura y actividades que diversifiquen la economía provincial y fortalezcan sectores productivos locales. Desde su creación, el fondo acumuló recursos significativos destinados a incentivos productivos en la región.
Sin embargo, con la nueva normativa, un número creciente de empresas manufactureras radicadas en Tierra del Fuego podría ver reducida su carga contributiva hacia el fondo. Esto genera debates en el sector económico sobre el equilibrio entre mantener incentivos que promuevan la producción local y asegurar la sostenibilidad financiera de los mecanismos de fomento.
Empresarios y representantes de cámaras industriales de la provincia señalaron que esta flexibilización es una respuesta necesaria ante cambios regulatorios más amplios, que están modificando las reglas de juego de la industria local. También destacaron que una menor presión contributiva podría ayudar a preservar empleos y sostener la actividad productiva en una región que enfrenta desafíos estructurales y competitivos frente a bienes importados.
La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y constituye uno de los ajustes más relevantes al régimen de promoción industrial desde la prórroga de sus beneficios hasta 2038, dispuesta mediante el Decreto 727/2021.
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