
El Gobierno nacional analiza postergar el tratamiento de los cambios al Código Penal y concentrar la agenda legislativa en la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero. La definición se evalúa en el entorno del presidente Javier Milei. La estrategia apunta a ordenar prioridades y evitar superposiciones que compliquen la negociación parlamentaria.
En la Casa Rosada sostienen que el proyecto laboral requiere dedicación exclusiva. El texto propone modificaciones en el régimen de contratación, el sistema de indemnizaciones y la regulación de conflictos colectivos. El oficialismo entiende que el debate será intenso. Prevén audiencias, dictámenes con disidencias y una negociación artículo por artículo. Por ese motivo, consideran inconveniente sumar en paralelo una reforma penal de alto impacto.
La decisión implica trasladar el tratamiento del Código Penal a las sesiones ordinarias. El calendario ordinario comienza en marzo. La idea es llegar a ese tramo del año con un esquema de mayorías más claro y con acuerdos previos trabajados en comisiones. En el Ejecutivo reconocen que los cambios penales despiertan resistencias transversales. Incluyen discusiones sobre tipificaciones, escalas de penas y criterios de política criminal.
Foco legislativo y negociación en comisiones
El plan oficial fija como eje febrero. Las sesiones extraordinarias se convocan con temario acotado. La reforma laboral aparece como prioridad central. El Gobierno busca acelerar el trámite en comisiones y llevar el proyecto al recinto con dictamen. Para eso, activa contactos con bloques dialoguistas y gobernadores. También apunta a reducir la dispersión del debate.
En el Congreso de la Nación Argentina, los bloques opositores ya anticiparon reparos. Algunos sectores piden cambios puntuales. Otros reclaman una revisión integral. El oficialismo admite que el número en Diputados es ajustado. Por eso apuesta a ordenar el temario y evitar que la reforma penal reste tiempo y capital político.
Desde el Ejecutivo remarcan que la postergación no implica abandonar la iniciativa penal. La consideran necesaria. Pero entienden que su discusión requiere una instancia distinta. Buscan un proceso más largo, con aportes técnicos y consensos previos. El diagnóstico interno señala que avanzar sin acuerdos podría trabar ambas reformas.
La hoja de ruta contempla audiencias informativas y reuniones técnicas para el proyecto laboral. El Gobierno quiere mostrar capacidad de gestión y resultados legislativos en el corto plazo. La aprobación en extraordinarias sería una señal política. También serviría para despejar la agenda de marzo y abrir el debate penal con otro clima.
En paralelo, se trabaja en ajustes reglamentarios y en la redacción final de artículos observados. El Ejecutivo no descarta cambios para sumar apoyos. El objetivo es llegar al recinto con un texto viable. La prioridad es clara: primero la reforma laboral; luego, el Código Penal en ordinarias.